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En 2015, el Gobierno británico aprobó el derecho a mudarse en el marco del nuevo Reglamento de Asignación de Viviendas para Inglaterra. Esta garantía eliminó los requisitos de residencia o de cola para las viviendas sociales si los futuros inquilinos se trasladan para acceder a un empleo o a una formación. Para ello, los anteriores criterios de «dificultad» se han ampliado a quienes se trasladan por motivos de trabajo. Desde entonces, las autoridades locales están obligadas a ofrecer un mínimo del 1% de su parque de viviendas en el marco del régimen de derecho a la mudanza.
Anteriormente, los posibles inquilinos del ayuntamiento o de la asociación de la vivienda a menudo tenían que sacrificar su contrato de alquiler regulado para aceptar un trabajo en otro lugar, lo que desincentivaba el empleo, ya que las listas de espera eran a menudo largas y las opciones de alquiler privado demasiado caras para estos hogares. La nueva normativa elimina, por tanto, los obstáculos relacionados con las prestaciones de alquiler y la asequibilidad de la vivienda en los traslados relacionados con el empleo y fomenta la movilidad residencial dentro del sector de la vivienda social y entre distritos. No está claro si el programa de Derecho a la Mudanza ha catalizado los traslados entre distritos y ha reducido algunas de las barreras a la movilidad.
OCDE “Vivienda social: una parte clave de la política de vivienda pasada y futura”. Fuentes: